Traducido por Alberto Pellicer Ferrando
El grupo comunitario de Denver "No a los desalojos sin representación" (No Eviction Without Representation o NEWR Denver, por su nombre y siglas en inglés) puso esta medida en la boleta de noviembre. Si los votantes la aprueban, se crearía un programa para que todos los inquilinos que enfrentan un desalojo puedan recibir representación legal gratuita. Aunque Denver ya cuenta con un programa para pagar por la ayuda legal gratuita de las personas que enfrentan un desalojo y que ganan menos del 80% de los ingresos medios de la zona, es decir, $105,500 para una familia de tres integrantes, esta medida ampliaría ese derecho a todas las personas. El programa se financiaría con un aumento de $75 en los impuestos de los propietarios (o arrendadores) por cada vivienda que posean.
Este es el texto que se verá en la boleta:
¿Se deben incrementar anualmente los impuestos de la Ciudad de Denver en once millones novecientos ochenta y seis mil ochocientos setenta y cinco dólares ($11,986,875.00) (el primer aumento del año fiscal completo), y por lo que sea que se recaude anualmente de un impuesto indirecto a ser pagado por los arrendadores de cada propiedad residencial individual, que se mantiene para el arrendamiento por la cantidad de $75 por año, por dicha propiedad, con la tasa tributaria que aumenta cada año a partir de entonces a una tasa que no supera el índice de precios al consumidor de Colorado; y en relación con ello, todos los ingresos recaudados se usarán para financiar:
- el costo administrativo del impuesto, y en lo sucesivo a
- establecer, dirigir y financiar completamente un programa para proporcionar representación legal a los inquilinos que enfrentan la pérdida de viviendas en procesos de desalojo y administrativos;
- proporcionar los servicios legales del inquilino y el coordinador de asistencia para administrar el programa;
- crear un comité de inquilinos compuesto por siete miembros a los que se les pagaba un estipendio de $1,000 por año; y se deben recaudar, retener y utilizar los ingresos completos de dichos impuestos a dichas tasas y todas las ganancias que se usen como un cambio de ingresos aprobado por los votantes sin limitación o condición, y sin limitar la recaudación, retención o utilización de cualquier otro ingreso o fondo de la Ciudad de Denver conforme al Artículo X Sección 20 de la Constitución de Colorado o cualquier otra ley?
¿Cómo funcionaría?
Los propietarios de viviendas en alquiler tendrían que pagar un impuesto anual de $75 por cada propiedad que posean, lo que permitiría recaudar $11,986,875 el primer año. El impuesto aumentaría cada año, y la cantidad se basaría en el Índice de Precios al Consumidor de Colorado. Ese índice es una medida que proporciona la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. y tiene como referencia cuánto cambia el precio medio de las cosas en un área metropolitana.
Los fondos recaudados se usarían para crear y financiar un programa que proporcionaría asistencia legal a las personas que están en proceso de que el propietario de su vivienda las desaloje. Con ese dinero se financiarían los servicios legales necesarios para los inquilinos y se pagaría también a alguien que coordinara el programa. Esta ordenanza también crearía un comité de inquilinos compuesto por siete integrantes. Los integrantes de ese comité recibirían $1,000 al año por su trabajo en el programa.
Si se recauda más de lo que se gasta, el dinero podría agregarse a los fondos generales de la ciudad.
¿Quién está a favor y quién está en contra?
El grupo comunitario "No a los desalojos sin representación" (NEWR, por sus siglas en inglés) dice que miles de ciudadanos sufren desalojos cada año. Cuando se inician los procedimientos del desalojo, si los inquilinos no cuentan con ayuda legal, sus posibilidades de perder la vivienda aumentan drásticamente.
El proyecto de ley, como lo presenta NEWR, está diseñado para frenar el problema de las personas sin vivienda, manteniendo a la gente en los lugares donde viven, incluso cuando los propietarios intentan echarlos. Mientras que la inmensa mayoría de los propietarios tienen abogados cuando tramitan un desalojo, la mayoría de los inquilinos no, y para NEWR eso es totalmente injusto. Así como tienes derecho a un abogado si te acusan de un crimen, las personas que enfrentan un desalojo también deberían tenerlo.
Una amplia coalición de grupos vecinales, organizaciones progresistas sin fines de lucro, iglesias e incluso entidades a favor de la creación de más viviendas la apoyan. Entre quienes respaldan la medida se encuentran la Unión Americana de Libertades Civiles, los Socialistas Democráticos de América, la Asociación Nacional de Mujeres 9to5, el Proyecto de Defensa de Desalojo COVID-19 de Colorado, la Coalición de Interdiscapacidades de Colorado, el Proyecto de Ley de Pobreza de Colorado y el Consejo de Trabajadores de la Comunicación de América de Colorado y Wyoming. También se han manifestado a favor el Colectivo Comunitario de East Colfax, la Asociación de Vecinos de East Colfax, la Coalición Globeville Elyria-Swansea, Indivisible CO, el Club May Day, la Coalición Nacional por el Derecho Civil a la Defensa Legal, New Era Colorado, Westwood Unidos, la iglesia Metodista Unida de Park Hill, United Campus Workers y el Partido de las Familias Trabajadoras. La Iniciativa 305 igualmente tiene el apoyo del grupo YIMBY Denver (Sí en mi patio trasero, o Yes In My Back Yard, por su nombre en inglés), un grupo a favor del crecimiento.
En agosto, todavía no había ningún comité que se opusiera formalmente a la Iniciativa 305, aunque el vicepresidente de la Asociación de Apartamentos de Colorado, Drew Hamrick, se ha manifestado en contra, argumentando que tendría un efecto inflacionario en la economía.
El Instituto del Sentido Común, de tendencia conservadora, reconoció que la defensa legal de los inquilinos podría reducir el número de personas sin vivienda y los costos asociados. Pero el grupo también dice que la medida recaudaría más dinero del que sería necesario para proporcionar una defensa universal contra los desalojos. La ciudad ya ofrece servicios de protección contra los desalojos y ayuda con el pago del alquiler, y también hay servicios públicos disponibles para personas que cumplen con los requisitos según sus ingresos, por lo que según ellos, esta medida sería redundante.
"Diseñar un nuevo programa que ayude a los inquilinos sin perjudicar a los propietarios es difícil, dado que la mayoría de los propietarios son personas que tienen sus propias obligaciones hipotecarias y de impuestos sobre la propiedad", escribió el Instituto del Sentido Común en un artículo de opinión. "En un momento en que los alquileres están aumentando mucho y la falta de inventario está afectando la disponibilidad de viviendas en alquiler, esta iniciativa sólo aumentará los costos del alquiler para los inquilinos, así como los costos administrativos de los arrendadores".
